El Gobierno de la Ciudad había fundamentado que el juez ordenó una serie de medidas judiciales sin que se lo solicitaran las partes. En tanto, la causa busca esclarecer lo sucedido en el operativo contra los manifestantes.
El magistrado de la Ciudad Roberto Gallardo rechazó hoy apartarse de la causa donde se investiga el accionar de la Policía local en el domicilio de Cristina Fernández de Kirchner, en el barrio porteño de Recoleta, donde el 27 de agosto fueron reprimidos manifestantes que mantenían una vigilia en colaboración con la Vicepresidenta.
«No comparto ninguno de los extremos planteados” por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que, “por ser improcedentes y carentes de sustento fáctico” y jurídico, “no deberían prosperar”, afirmó el magistrado en su informe a la Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad, que tendrá que entender en el pedido de apartamiento formulado desde el Gobierno de la Ciudad.
En su solicitud, el Ejecutivo a cargo de Horacio Rodríguez Larreta había expuesto que el juez ordenó una serie de medidas judiciales sin que se lo solicitaran las partes y que, “como acostumbra suceder en las causas que tramitan en ese Tribunal”, Gallardo “ha decidido suplir la actividad de las partes, confundiendo su rol de director del proceso”.
Asimismo, en la recusación, el Gobierno de la Ciudad criticó que Gallardo haya ordenado que el Ministerio de Justicia y Seguridad «abandone las funciones de seguridad en el área geográfica de las calles Uruguay y Juncal y aledaños conforme lo determine las fuerzas de seguridad federal».
En dicho informe, Gallardo fundamentó: “El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires pretende apartarme del conocimiento de la causa basándose en una serie de afirmaciones dogmáticas y carentes de todo fundamento y sin justificar en concreto, en ningún caso, como se habrían configurado las supuestas transgresiones al ordenamiento procesal”.
Por otra parte, cabe destacar que la acción de amparo la había entablado el 27 de agosto último el dirigente social Juan Grabois para que “se levanten las vallas colocadas sobre la calle Juncal en su traza entre las calles Paraná Uruguay y Talcahuano” se “garantice la libertad de circulación de las personas, los derechos a la libertad de expresión en su faceta de derecho a manifestarse en la vía pública”.