La Asociación por los Derechos Civiles denunció que su utilización  atenta contra «la privacidad, la no discriminación, la libertad de expresión, reunión y asociación». Se encuentra operativo  desde septiembre de 2020.

El Superior Tribunal de Justicia de la Ciudad (Stjcba) rechazó, por mayoría de sus miembros, la admisibilidad de la acción declarativa de inconstitucionalidad presentada por la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) en contra de la aplicación del reconocimiento facial de la Ciudad de Buenos Aires.

Asimismo, la asociación manifestó su «más profunda preocupación» ante la decisión judicial y emitió un comunicado  contra la vigencia de la ley que, en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, establece el sistema de reconocimiento facial en la vía pública.

A la vez, remarcó que la negativa de debatir la legalidad de la medida «pone en riesgo derechos como la privacidad, la no discriminación, la libertad de expresión, reunión y asociación».

Por otra parte, el día 23 de marzo , los jueces del Tsjcba, Santiago Otamendi, Inés Weinberg y Marcela De Langhe, expresaron sus votos contra el pedido de la ADC, en tanto que Alicia Ruiz y Luis Lozano, en disidencia, se manifestaron por dar trámite al planteo presentado en 2019, previo al trámite legislativo en la Ciudad de Buenos Aires.

Por otro lado,  en septiembre de 2020, la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires  incorporó el sistema de reconocimiento facial, una tecnología biométrica que facilita  identificar a las personas por medio de los rasgos de su rostro, a la ley de seguridad pública «a pesar de las recomendaciones de la ADC y otras organizaciones de derechos humanos», indicó la entidad.

Para la ADC «la tecnología es imprecisa y arroja un alto porcentaje de falsos positivos contra personas de tez no blanca y mujeres», a parte de otras comunidades en situación de vulnerabilidad.

Asimismo, mediante la acción de inconstitucionalidad planteada en 2019, la ADC quería que se restrinja completamente  el uso del reconocimiento facial, con objetivos  de vigilancia, por parte de las fuerzas de seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, que ya lo implementó en varias líneas de subterráneos.

«A pesar del revés judicial, la ADC seguirá planteando ante el Poder Judicial de la Ciudad aquellos casos concretos donde algún individuo haya visto conculcados sus derechos por ser sometido al reconocimiento facial», indicó  el documento.